La decisión de Fernando de la Rúa de iniciar el debate parlamentario sobre la regulación de los decretos de necesidad y urgencia en el Senado y no en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, tal como estaba previsto, forma parte de la necesidad de calmar el resentimiento generado por Carlos Álvarez cuando calificó a los senadores de «banda de extorsionadores». El gesto presidencial fue bien recibido por muchos senadores pero principalmente por Jorge Yoma, quien desde su reunión privada con el Presidente se ha lavado la pintura de guerra que adornaba su rostro desde hacía varias semanas.

La satisfacción del senador riojano contrastaba sin términos medios con la desilusión de algunos diputados radicales y especialmente de Elisa Carrió, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara baja, ya había comenzado a tratar el tema cuando el diputado Horacio Pernasetti le manifestó el deseo presidencial. Si bien la diputada Carrió no ve en esta maniobra un interés en desairarla por sus posturas independentistas desconfía de una estrategia que puede dejar en manos de la mayoría peronista del Senado la posibilidad de asestarle otro golpe al oficialismo aún más contundente que el propinado con el rechazo a la reducción de sueldos estatales.

Tendencia

Al margen del interés político de tratar de acallar la discordia originada por quienes reclaman el fin de los pactos espurios de gobernabilidad, el debate sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia indica una tendencia que se viene agravando desde la vuelta a la democracia en 1983, que es ni más ni menos que restringir el rol del Poder Legislativo, muchas veces incontrolable, basando la legalidad de las acciones del Poder Ejecutivo sobre dictámenes de la Corte Suprema. La misma Corte tantas veces acusada de cautiva del menemismo por la Alianza y que ahora han descubierto que también puede ser aliancista. ¿Bajo cuántas llaves habrá quedado archivada la cantidad de acusaciones y de juicios políticos pedidos por los otrora opositores contra los jueces supremos durante el anterior gobierno? La ofensiva contra el Congreso hace equilibrio sobre dos ejes. Uno pivoteado por el vicepresidente Álvarez, y que consiste en desprestigiar a los legisladores frente a una opinión pública sensibilizada por temas de corrupción.

Ataques

En estos días los ataques se concentran en los senadores dejando de lado a los diputados a pesar de que quienes transitan desde hace años el Palacio Legislativo dan fe que las cuestionables prácticas denunciadas se llevan a cabo en ambas cámaras. Si bien los ejemplos abundan, el más comentado es la eficiencia de Rafael Pascual en no seguir el ejemplo de su par en el Senado y hacer pública la lista de los empleados afectados a los diputados y dejar pasar los días sin pronunciar la palabra ñoquis ni siquiera en un restorán.

La intensidad de estos ataques que por ahora nunca llegan al límite del no retorno aunque siempre se amenaza con volar los puentes según los dichos de un secretario de la Cámara y amigo personal del vicepresidente son regulados por la suerte del otro eje y que son los pedidos públicos de De la Rúa para que se aprueben más velozmente los proyectos enviados al Parlamento y las explicaciones privadas a empresarios y financistas, especialmente extranjeros, que los tiempos del Congreso lo tornan ineficiente frente a la velocidad que se requiere para gobernar en la era de la globalización. Curiosamente, el primer Poder Ejecutivo en décadas compuesto por legisladores de larga trayectoria es quien tilda a sus ex colegas de corruptos o ineficientes.