Los caciques sindicales decidieron ayer pasar a la clandestinidad en su puja con el gobierno por el decreto de desregulación de las obras sociales. En la tira de reuniones que mantuvieron ayer se pusieron de acuerdo en esta interpretación: el gobierno adelantó el decreto que rige desde el 1° de enero del año que viene para embarrarles el paro del viernes a ustedes la idea de que la medida es para defender las cajas sindicales y no, como argumentan ellos, por el recorte del sueldo de los estatales.

Por hoy a las 10, cuando se inicie la cumbre sindical de la CGT oficial (la de los «gordos») los oradores tienen prohibido ni mencionar la frase «obras sociales». Deben concentrar los discursos en la encendida defensa de los salarios de los empleados públicos.

Como les resulta difícil justificar a los dirigentes de gremios de la actividad privada esta súbita pasión por los estatales recortados, agregan una bandera de más comprensión hacia las clases medias: el paro del viernes dirán hoy se hace también, aunque con cierta demora, por el aumento de los impuestos votado en diciembre pasado.

«El gobierno nos quiere hacer aparecer defendiendo unas cajas; por eso no les vamos a dar el gusto y no vamos a hablar de obras sociales hasta que los abogados nos den un informe detallado de este decreto», fue la voz oficial que surgió de la reunión de ayer a media tarde en el sindicato de Comercio.

Consigna

Estuvieron allí el dueño de casa Armando Cavalieri (con su asesor letrado J. Tomassone), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Juan José Zanola (bancarios), Andrés Rodríguez (estatales), Antonio Cassia, (petroleros), Carlos West Ocampo (enfermero que asistió a la reunión acompañado de su abogado, que además es su sobrino), Rubén Pereyra, Rogelio Rodríguez (carteros), Pedro Goyeneche (textiles) y el master lawyer de los «gordos», Ernesto Garzón Maceda.

La mesa de tarde estableció la consigna de hierro de acá en adelante: no hablar más de obras sociales. «Total hasta el 1° de enero hay tiempo de hacer algo. Van a pasar tantas cosas hasta entonces...», masculló uno.

Otro, incontenible se animó a violar el veto sobre ese tema: «Además, muchachos, el gobierno nos acusa de defender la caja. Y ellos van a manejar los $ 600 millones del fondo solidario para ayudar a las obras sociales ¿Eso no es una caja?» Ante el silencio general, insistió: «¿Eso no es una caja?»

-«¡Sí!» respondieron todos. «¿Y quién la va a manejar?... ¡Ellos, el gobierno! ¿Y cómo la van a manejar?... ¡Como una caja, porque es una caja como hace Flamarique, que reparte políticamente los planes Trabajar!»-.

«De eso no íbamos a hablar», amagó otro, pero algunos sacaron papeles: «Acá me tienen que explicar por qué es un decreto de necesidad y urgencia, cuando va a regir desde el año que viene ¿Cuál es la urgencia? Embromarnos y decirle a la gente que vamos al paro para defender privilegios», preguntó un «gordo» mirando a los abogados. Garzón Maceda pidió tiempo para dar una respuesta: hasta ayer el decreto no había sido publicado en el Boletín Oficial y los abogados no creen en nada que lleve ese sello de legitimidad. Ni en las publicaciones periodísticas que ayer dieron cuenta sin dudas de la intención del gobierno.

En el ánimo de hurgar propósitos, no faltó un sagaz que levantó el recorte y puso el dedo en el artículo 15º del decreto. Es el que faculta al ministerio de Héctor Lombardo a contratar con una compañía de seguros la cobertura de los tratamientos de alta complejidad o de alto costo y baja frecuencia de uso. «Este artículo tiene nombre y apellido; quiero saber qué compañía de seguros va a contratar este servicio para un padrón de 11 millones de afiliados que hay en las obras sociales», clamó otro. Estos dirigentes saben bien que con esa cantidad de beneficiarios el sistema mismo podría asumir el seguro.

Los presentes anotaron ese tema como el primero que le llevarán al gobierno en la ronda que en secreto esperan iniciar.

Más todavía, hay algunos de los presentes que en ningún momento han dejado de conversar con ministros del Poder Ejecutivo empapados de los «principios solidarios», como le llaman los sindicalistas a la doctrina que ellos defienden.

Impugnación

Un segundo punto será la impugnación a la posibilidad de que un afiliado cambie permanentemente de obra social o prepago. «Antes -se recordó en la reunión- un trabajador debía permanecer por lo menos un año en las obras sociales de su actividad. Ahora va a ser un loquero de pases y ya se sabe que el que se pasa, es el que está más enfermo y busca mejor atención».

Un tercer reclamo es más político: los «gordos» ven que la libre elección de obra social o prepago atenta contra la sindicalización. «Si un sindicato no le ofrece obra social al trabajador, ¿por qué éste se va a afiliar a un sindicato?»

Quedaron todos pensativos: «¿Y de esto no vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar entonces?», se inquietó un «gordo».

«Vamos a quejarnos del impuestazo y del recorte de los salarios» ¿Quién va a hablar? «Todos, en el confederal de mañana (por hoy) vamos a hablar todos». ¿Moyano viene? «Hablé con Moyano -dijo Barrionuevo, el único que mantiene diálogo con el camionero-, pero hay que esperar a después del viernes.

Rodríguez, de los estatales enfilados en la UPCN -challenger de la ATE de Víctor De Gennaro- venía con la sindicación de otro lote de estatales que irán al paro un día antes, el jueves.

No logró que a la reunión que hizo por la mañana en sus oficinas asistiese ningún representante de De Gennaro, hoy más pegado que nunca a Hugo Moyano. Igual, Rodríguez llevó la adhesión de un manojo de sellos sindicales ligados al Estado: bancarios de entidades oficiales, Aduanas (el ex diputado Sueyro), impositiva, personal civil de la fuerzas armadas, dragado y balizamiento (Juan Carlos Smith), Vialidad (el compañero González), minoridad y hasta los afiliados a Comercio que trabajan en el ANSeS de cuando existía la recordada CASFEC.