«Se ha dado lugar al desafuero por 13 votos contra 9», anunció el presidente del tribunal Rubén Ballesteros en el Palacio de los Tribunales. Aunque la decisión de desaforar al general Pinochet trascendió el pasado 23 de mayo, cuando lo aprobó la Corte, el veredicto, inesperado en Chile hace sólo unos meses y durante el arresto del general en Londres, sólo fue difundido oficialmente dos semanas después. La defensa de Pinochet tiene cinco días de plazo para apelar, y el desafuero deberá ser ratificado por la Corte Suprema, algo que podría concretarse a mediados de julio. El tribunal no ordenó nuevos exámenes médicos para Pinochet, pedidos por la defensa, sino que sólo los sugirió y tampoco prohibió la presentación de nuevos pedidos de desafuero si éste es rechazado por la Corte Suprema. Los abogados querellante coincidieron en manifestar su confianza en que el máximo tribunal ratificará lo resuelto por la Corte de Apelaciones, considerando los últimos fallos que ha dictado en los últimos años en materia de derechos humanos, al no aplicar la amnistía ni la prescripción ni la cosa juzgada sino, por el contrario, investigar hasta el final. El presidente Ricardo Lagos declinó hacer comentarios. «Sobre el fallo de la Corte debo decir que el gobierno respeta y no comenta los fallos del Poder Judicial», se limitó a decir el mandatario. En tanto, el Departamento de Estado estadounidense destacó el «importante papel» desempeñado por la Justicia de Chile en el manejo de las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas contra Pinochet.

Ante el esperado aumento de la tensión por el trascendente fallo, el ministro del Interior, Juan Miguel Insulza, pidió tanto a partidarios como a detractores de Pinochet que mantengan la calma.

Contraste

La fundación Augusto Pinochet anunció que no convocará por el momento a manifestaciones de adhesión al ex gobernante. «Esperaremos conocer los fundamentos del fallo del desafuero y esperaremos hablar con los abogados» de la defensa, dijo el secretario de la organización, el general retirado Luis Cortes Villa. «No queremos intranquilizar a la gente más de lo que está», agregó.

La reserva de los simpatizantes del ex presidente de facto contrastó con las inmediatas manifestaciones de alegría de los detractores de Pinochet, varios cientos de los cuales protagonizaron eufóricos actos en los alrededores de la Corte de Apelaciones de Santiago. «Parecía increíble, pero lo logramos», dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Viviana Díaz al conocer el anuncio oficial.

El desafuero fue planteado ante la Corte por el juez Juan Guzmán, para poder interrogar a Pinochet en el marco de una de las 110 querellas interpuestas en contra del ex dictador que investiga el caso de la Caravana de la Muerte, una comitiva militar que recorrió varias ciudades del país y fusiló a 74 presos políticos en octubre de 1973, un mes después del golpe que instauró la dictadura militar.

Guzmán pidió que Pinochet fuera privado de su fuero cuando regresó a Chile tras permanecer 503 días detenido en Londres, luego de que el gobierno británico interrumpió el juicio de extradición del ex dictador a España y lo liberó por razones humanitarias, el pasado 2 de marzo. Durante el antejuicio por el desafuero, que se inició en la Corte el 26 de abril, los siete abogados que representaron a los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte acusaron a Pinochet de ordenar los fusilamientos. El abogado Hugo Gutiérrez exhibió en la tercera audiencia un documento firmado por el ex auditor del Ejército Gonzalo Urrejola Arrau, quien sostuvo que autorizó el fusilamiento de un preso político por orden de Pinochet, días antes del recorrido de la Caravana.

«Esta ejecución se efectuó por orden telefónica de Augusto Pinochet Ugarte», señaló el documento, que el abogado exhibió ante los jueces el 28 de abril. El jefe de la caravana, el general retirado Sergio Arellano Stark, fue arrestado hace 10 meses por disposición del juez Guzmán. El abogado Alfonso Insunza, que también intervino en los alegatos por el desafuero, sostuvo que Arellano Stark recibió órdenes directas de Pinochet para fusilar a los prisioneros.